Luis* perdió su ojo derecho el día que un funcionario de la policía del estado Mérida disparó a quemarropa perdigones en su rostro con una escopeta. Ocurrió el martes 27 de junio de 2017 a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Luis estaba en su casa y decidió salir a acompañar a sus vecinos cuando […]
Luis* perdió su ojo derecho el día que un funcionario de la policía del estado Mérida disparó a quemarropa perdigones en su rostro con una escopeta. Ocurrió el martes 27 de junio de 2017 a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Luis estaba en su casa y decidió salir a acompañar a sus vecinos cuando […]
Luis* perdió su ojo derecho el día que un funcionario de la policía del estado Mérida disparó a quemarropa perdigones en su rostro con una escopeta. Ocurrió el martes 27 de junio de 2017 a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Luis estaba en su casa y decidió salir a acompañar a sus vecinos cuando tres policías —entre ellos su agresor— llegaron a lanzar piedras contra los vidrios de vehículos y viviendas de su residencia, para reprimir una de las tantas protestas sociales que marcaron ese año en Venezuela.
Luis es una de las 8.900 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad que presentaron sus testimonios ante la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI). Luis es una de las 22 personas que perdieron uno o ambos ojos en Mérida entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017, producto de un patrón de actuación de la fuerza pública para causar mayor sufrimiento a las personas que protestaron contra el régimen de Nicolás Maduro.
Los pasados días 7 y 8 de noviembre se realizaron audiencias en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, para cumplir con la solicitud de apelación introducida por el régimen venezolano que busca impedir que la Fiscalía de la CPI reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país por funcionarios del Estado.
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Paolina Massida, jefa de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés), coincide con la convicción de Luis. “Venezuela no está investigando ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente, los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares y sus amigos sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, denunció Massida en su intervención final de la segunda audiencia.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) envió los formularios de 26 víctimas que relataron sus testimonios ante la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la CPI en marzo de este año, incluido el caso de Luis.
Esta cifra es una muy pequeña muestra de los cientos de víctimas de persecución, represión, tortura, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, desplazamiento forzado y asesinato que ha registrado el ODH-ULA desde abril de 2017, fecha a partir de la cual se cometieron los presuntos crímenes de lesa humanidad que busca investigar la CPI.
La totalidad de estas víctimas siguen sin recibir justicia ni reparación, y muchas de ellas han sido incluso revictimizadas por el Estado venezolano, mientras que otras continúan privadas de libertad arbitrariamente, recibiendo torturas y violaciones de sus derechos humanos.
En el caso de Luis, como en los de tantas otras víctimas, el Estado venezolano ni siquiera ha iniciado la investigación respectiva. La propia víctima tuvo que denunciar el hecho ante el Ministerio Público dos años después de ocurrido, el 7 de agosto de 2019. Entonces, la Fiscalía le pidió acudir al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para que fuese evaluado por dos peritos. Este organismo estatal no envió las pruebas al Ministerio Público y mintió al informar que la víctima no se presentó al peritaje médico, ocultando así el resultado del examen médico-psicológico forense practicado.
En el caso de Wuilderman y Gerardo Paredes, asesinado el primero y lisiado el segundo, las víctimas no solo no han recibido justicia, sino que tres de sus cinco victimarios fueron puestos en libertad el 6 de abril de 2021. Wuilderman y Gerardo Paredes recibieron disparos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 8 de junio de 2019, cuando se encontraban en una cola de gasolina que tenía más de una semana en los Llanitos de Tabay, estado Mérida.
El ataque contra los primos Paredes fue el resultado de una orden dictada por Juan Bautista Cordero Freitez —entonces director de la PNB en Mérida— a sus subalternos, que ocasionó la ejecución extrajudicial de Wuilderman Paredes como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza. Bautista y otros dos policías implicados en este hecho permanecen prófugos de la justicia.
Los casos de jóvenes detenidos arbitrariamente en el marco de las protestas sociales de 2014 y 2017 también carecen de reparación y verdadera justicia. Erickvaldo Márquez, Steven García, Walter Mayorga y Marller González fueron puestos en libertad plena tras pasar entre 4 y más de 6 años tras las rejas, acusados de asesinatos que no cometieron. Pese a salir de la cárcel, ninguno ha sido reparado por las torturas y las múltiples violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas bajo la tutela del Estado.
La pequeña muestra de víctimas representadas por el ODH-ULA ante la CPI evidencia patrones no solo de actuaciones represivas, sino de la ausencia de justicia y verdadera voluntad de investigación y reparación de las víctimas por parte del Estado venezolano. Por ello, la investigación de la CPI sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es indispensable e impostergable. // Prensa ODH-ULA
