En el marco de la Revolución judicial, a cargo de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; del coordinador general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura (IIPENM), Luis Damiani Bustillos; del director ejecutivo de la Magistratura, Silio Sánchez, y de la coordinadora académica del IIPENM, […]

En el marco de la Revolución judicial, a cargo de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; del coordinador general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura (IIPENM), Luis Damiani Bustillos; del director ejecutivo de la Magistratura, Silio Sánchez, y de la coordinadora académica del IIPENM, Omaira Bolívar, se llevará a cabo, del 13 al 18 de marzo, el curso introductorio de los postgrados 2023-2024.

“El propósito de esta actividad académica es buscar la formación jurídica para consolidar el Estado democrático y social de derecho y de justicia”, explicó la comisionada indígena por el PSUV y comisionada del gobernador, Sorainel Castillo.

Este año, el curso enfatiza el despliegue nacional del IIPENM en los siete estados de los pueblos originarios, atendiendo —según expresaron los organizadores— el principio ancestral constitucional, y destaca la importancia del conocimiento creador como bandera de lucha política.

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El curso resalta la importancia de las prácticas judiciales consecuentes con el modelo de democracia participativa y protagónica. A la vez, se orienta al equilibrio del saber originario de los pueblos indígenas y las teorías del Estado desde el enfoque de la crítica jurídica contextualizada, cuya aspiración es la conjunción dialéctica y perfecta entre los derechos de los indígenas y el derecho indígena propio de sus cosmovisiones culturales.

Esta es la tarea para el IIPENM como proyecto de la Revolución Judicial 2023-2024: “Consolidar el Estado desde la diversidad que somos como pueblo venezolano, ante las arremetidas imperiales que pretenden una segunda colonización en pleno siglo XXI”.

“Nuestra Constitución manda la doctrina bolivariana en la conducción del Estado y, con ella, el carácter antiimperialista de nuestra República desde el 15 de diciembre de 1999”, finalizó Castillo. /Prensa Gobernación de Mérida