La presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional (AN), diputada Mariela Magallanes (Unidad-Aragua), dijo que la crisis humanitaria y la hiperinflación que se vive en el Venezuela, ha motivado a que familias enteras hayan migrado a otros países, por encima de los obstáculos que les impone el Gobierno con los pasaportes. […]

La presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional (AN), diputada Mariela Magallanes (Unidad-Aragua), dijo que la crisis humanitaria y la hiperinflación que se vive en el Venezuela, ha motivado a que familias enteras hayan migrado a otros países, por encima de los obstáculos que les impone el Gobierno con los pasaportes.

Tales declaraciones fueron ofrecidas por la parlamentaria este jueves, en el marco de una reunión que sostuvo con su equipo de trabajo, en la que continúan revisando la situación creada con la entrega de pasaportes y denuncias relacionadas con casos de niños, niños y adolecentes, entre otros.

“Vemos con preocupación cómo aceleradamente se ha hecho evidente este proceso de migración, en el que algunos padres han decidido abandonar el país, para poder ayudar a sus familiares que sufren los rigores de esta crisis que cada día se agrava más”, resaltó Magallanes.

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Insistió la vocera que familias enteras se están marchando a otras naciones, con su grupo familiar, para no arriesgarse de separarse de sus parientes.

Indicó que de acuerdo a las denuncias recibidas en la Comisión de Familia de la AN sobre estos casos, el Estado venezolano no garantiza la reunificación familiar, violando los artículos 50 y 51 de la Constitución, el artículo 22 de la Lopna y los artículos 7 y 10 de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando se le impide obtener un documento tan importante para cualquier ciudadano para salir de Venezuela, como el pasaporte.

Denunció que ahora con los nuevos precios para adquirir un pasaporte, se requieren cuatro salarios mínimos y que para la renovación o prórroga, se necesitan dos meses de trabajo.

En este sentido explicó la diputada Magallanes, que con esta nueva metodología, pareciera que el trasfondo de todo esto, es tratar de controlar y mercantilizar la diáspora, pues el costo de un pasaporte genera ingresos para el Estado.

Comentó que los que pagan finalmente las consecuencias, son las familias y particularmente los niños, niñas y adolescentes. /