Con la distribución de alimentos, continuó, el régimen está desconociendo flagrantemente este derecho y, lo más grave, es que las principales víctimas de este atropello son los pobres de Mérida y de Venezuela en general

Solo un 20 por ciento de venezolanos son beneficiados por el régimen de Nicolás Maduro con el reparto de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Clap, mientras que el 80 por ciento restante de la población es discriminada por razones políticas.

Así lo denunció el pre candidato a la Gobernación de Mérida, Carlos Ramos, quien ratificó que, con esta exclusión, el régimen está violentando el Artículo 21  de nuestra Constitución, el cual señala claramente que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general,  anulen o menoscaben el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de las personas.

Con la distribución de alimentos, continuó, el régimen está desconociendo flagrantemente este derecho y, lo más grave, es que las principales víctimas de este atropello son los pobres de Mérida y de Venezuela en general. Ramos informó que ha recibido denuncias muy concretas de vecinos de algunas comunidades de los municipios Alberto Adriani y Libertador, los más grandes del estado demográficamente, quienes se quejan de que tienen más de tres meses sin recibir las bolsas de comida Clap y, a otros, sencillamente no les han llegado nunca por no ser miembros del PSUV.

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Citó el caso de la comunidad de El Llanito, parroquia Spinetti Dini del municipio Libertador, cuyos vecinos ejercieron presión ante las autoridades competentes, entre estas la Defensoría del Pueblo, y acordaron que el Consejo Comunal explicaría con transparencia todo lo referente al censo y el reparto de alimentos en igualdad de condiciones. De esto hace más de un mes y aún no se ha cumplido nada de lo acordado. Esta grave situación está ocurriendo también en otras parroquias del municipio Libertador, afectando mayormente a las familias de menores recursos.

Reiteró Carlos Ramos que, de esta forma, se le niega a los más pobres la posibilidad de acceder a los alimentos, más si saben que una determinada comunidad no está de acuerdo con el gobierno. Esta discriminación viola los derechos humanos y es repudiable, pues la distribución de alimentos para el pueblo no puede tener tintes políticos, ideológicos o partidistas. Las políticas públicas deben beneficiar a todos los venezolanos por igual y el único criterio para ello debe ser la necesidad y no la militancia política. (Prensa Carlos Ramos)