La audiencia se realizó después de dos suspensiones de la vista aunque se desarrolló a puerta cerrada y sin la presencia de medios de comunicación, observadores ni abogados defensores internacionales a los que se les prohibió la entrada.
Lilian Tintori, esposa de López, difundió en la cuenta del dirigente un extracto del discurso del opositor durante la vista en el que señala que es inocente y que asume su responsabilidad en denunciar al Estado venezolano como “corrupto” y “antidemocrático”.
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“Soy inocente de los delitos que me ha imputado el Ministerio Público, delitos de incendio, daños y asociación para delinquir”, dijo y agregó: “Asumo mi plena responsabilidad de haber convocado a la protesta pacífica en los términos que establece la Constitución como es mi derecho y el derecho de los venezolanos hacerlo”.
En 10 días hábiles se espera conocer decisión de la Corte.
También dijo que asume su responsabilidad de haberle dicho a los venezolanos que en la Constitución se establecen los mecanismos “para consolidar y para construir ese cambio” que promueve y que pasa por la salida de Nicolás Maduro del Gobierno.
Este viernes, al igual que en las dos ocasiones pasadas estuvieron presentes el exministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón y el abogado Javier Cremades y pese a que hoy si se realizó la audiencia, los juristas no pudieron entrar a la Corte.
“OPACIDAD”
Ruiz Gallardón y Cremades criticaron la “opacidad” de la audiencia de apelación de López después de que no se les permitiera la entrada a la sala en su calidad de asesores internacionales del dirigente político.
“Estamos profundamente decepcionados porque se nos haya vetado el acceso a la audiencia”, dijo Gallardón tras varias horas de espera en las inmediaciones de la Corte de Apelaciones de Caracas, fuertemente custodiada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Con todo hoy se está celebrando por fin la audiencia”, dijo el exministro y recalcó que “lo importante es que el régimen rectifique una decisión arbitraria, reponga en libertad a López y dé una clara manifestación no solo a Venezuela sino a toda la comunidad internacional de que está dispuesto a transitar por una senda democrática”.
El también exalcalde de Madrid dijo que tienen “plena confianza” en Juan Carlos Gutiérrez, el abogado que encabeza la defensa del opositor venezolano, y resaltó que este “hará jurídicamente insostenible mantener la situación de prisión militar en contra de los derechos fundamentales de la persona”.
Señaló además que un estado de derecho y una democracia “no es un régimen que se pueda conformar con una elección popular para llegar al poder” y resaltó que cuando este se alcanza “hay que seguir respetando la democracia, la división de poderes, la independencia del poder judicial”.
LOS JUECES “NO SON INDEPENDIENTES”
Por su parte, Cremades afirmó que López está “sufriendo una auténtica tortura judicial” y destacó que “lo importante es que hoy se pueda poner punto y final a esa etapa”.
“La etapa de Ramo Verde llega a su final y lo que hemos visto es que no lo hará a través de la justicia independiente sino a través de una decisión política”, dijo el abogado español.
A su juicio, hoy se ha demostrado que “los jueces venezolanos no son independientes” ya que “no han podido sostener su compromiso de que esta fuera una audiencia pública y que la defensa internacional pudiera estar en pleno cumpliendo su labor”.
Se pudo conocer que en la audiencia de apelación la defensa de López llevaría las declaraciones de la experta lingüística Rosa Amelia Asuaje en las que afirma que el dirigente nunca llamó a la violencia en los discursos que pronunció para convocar a la marcha del 12 de marzo que culminó en violencia.
Las acciones delictivas que se le atribuyen a López supuestamente las habría cometido por haber pronunciado esos discursos y fueron el argumento para ser condenado en septiembre pasado a 13 años y 9 meses de cárcel, tras un proceso que, según su defensa, fue “injusto” y “basado en mentiras”.
El día de la marcha murieron tres personas durante los incidentes violentos al término de la manifestación, muertes por las que fueron señalados funcionarios policiales.