El procurador general del estado Mérida, Juan Luis Suárez, desmintió las matrices de opinión generadas por la oposición tras la detención del dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), Carlos “Pancho” Ramírez, procesado por un tribunal militar por su presunta responsabilidad en una serie de delitos contra la autoridad castrense y en los […]
El procurador general del estado Mérida, Juan Luis Suárez, desmintió las matrices de opinión generadas por la oposición tras la detención del dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), Carlos “Pancho” Ramírez, procesado por un tribunal militar por su presunta responsabilidad en una serie de delitos contra la autoridad castrense y en los […]
El procurador general del estado Mérida, Juan Luis Suárez, desmintió las matrices de opinión generadas por la oposición tras la detención del dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), Carlos “Pancho” Ramírez, procesado por un tribunal militar por su presunta responsabilidad en una serie de delitos contra la autoridad castrense y en los homicidios acaecidos en protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática en la entidad.
Explicó que el Código Orgánico de Justicia Militar, el Código Orgánico Procesal Penal, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y la Constitución nacional establecen que la comisión de delitos por parte de civiles tipificados en esta normativa, deben ser de manera exclusiva procesados por la jurisdicción militar sin vulnerarse los derechos fundamentales del indiciado: “Se quiere inducir el engaño a la población merideña de que se está atentando contra el principio del juez natural”, afirmó el procurador de Mérida, mientras que exhortó a quienes creen estas falsas versiones a revisar el Código de Justicia Militar en sus artículos 6, 10, 123, 464, 469, 470, 476 y 486, que contemplan los delitos contra instalaciones y funcionarios militares, cuyas sanciones no excluye a los civiles.
Suárez refirió que tanto “Pancho” Ramírez como los civiles juzgados por tribunales militares en el país tienen derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, que son garantías fundamentales que se les resguardan. #MéridaPorLaConstituyente /Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela
Haga un comentarioHaga clic en este recuadro e inicie o mantenga una conversación de este tema, interactúe con los demás.
