Entre el 23 de enero y el 25 de julio de 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 92 casos de persecución política en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, que constituyen violaciones de distintos derechos humanos. Esa cantidad no incluye hechos y acciones de amenazas, intimidación, coacción […]
Entre el 23 de enero y el 25 de julio de 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 92 casos de persecución política en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, que constituyen violaciones de distintos derechos humanos. Esa cantidad no incluye hechos y acciones de amenazas, intimidación, coacción […]
Entre el 23 de enero y el 25 de julio de 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registró 92 casos de persecución política en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, que constituyen violaciones de distintos derechos humanos.
Esa cantidad no incluye hechos y acciones de amenazas, intimidación, coacción y hostigamiento que el ODH-ULA ha conocido de manera extraoficial, pero cuyas víctimas se niegan a denunciar por temor a represalias. Todos estos casos violan lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en la Constitución nacional, así como lo que contempla el Acuerdo de Barbados y los tratados internacionales sobre elecciones democráticas.
El estado andino con mayor cantidad de casos de persecución política registrados por el ODH-ULA es Táchira (64), seguido por Mérida (15) y Trujillo (13). Han sido acciones ejecutadas por funcionarios civiles, militares y policiales, así como por personas afectas al régimen de Nicolás Maduro y en algunos casos por desconocidos armados y/o encapuchados. El registro de este observatorio lo constituyen casos que han sido reportados por defensores y organizaciones de derechos humanos, así como por medios de comunicación y las propias víctimas.
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Estos casos de persecución política —considerada como un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma— incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones físicas y verbales, inhabilitaciones políticas, imputación de delitos, amenazas, intimidación, hostigamiento, sanciones económicas y administrativas, retención de bienes, daños materiales y allanamiento o asalto a propiedades privadas.
En la mayoría de los casos se cometió más de una agresión de las descritas anteriormente, pero para efectos del registro elaborado por el ODH-ULA se cuantificó por caso y no por agresión. El número de víctimas directas e indirectas no se pudo precisar por falta de información en algunos casos.
La ONG Laboratorio de Paz registró 38 detenciones arbitrarias ejecutadas en el estado Táchira entre el 4 y el 19 de julio de 2024. Esta cantidad es casi la mitad de las 77 detenciones arbitrarias que documentó el Foro Penal en todo el país desde el inicio de la campaña electoral, según datos difundidos en rueda de prensa por el director de esta organización no gubernamental, Alfredo Romero, el pasado 16 de julio.
Antes del 4 de julio, el ODH-ULA registró al menos cinco detenciones arbitrarias en el estado Táchira. Una de ellas constituyó a su vez una desaparición forzada por varias horas: la de Franklin Chacón Mendivelso, militante del partido político Copei e integrante del comando Con Venezuela. Su detención fue ejecutada por hombres encapuchados el 26 de junio, en el sector La Palmita del municipio Panamericano, según denunció su esposa a medios de comunicación. Al día siguiente fue liberado.
Los otros cuatro detenidos fueron tres mesoneros y un acompañante, quienes ofrecieron servicio de comida a la dirigente política María Corina Machado y su equipo, a solicitud del anfitrión que la hospedó en su casa en Palmira, municipio Guásimos, durante su visita al Táchira. La denuncia sobre estas detenciones la hizo Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven).
«Los interceptaron en Táriba, se los llevaron al FAES de San Cristóbal y luego los pasaron a la policía. Los interrogaron sobre las actuaciones de María Corina Machado, les infundieron temor señalando que María Corina era responsable del delito de traición a la patria y todos los que colaboraran con ella también debían ser procesados por traición a la patria. Les decomisaron todos los implementos de trabajo y retuvieron el vehículo hasta el día de ayer», dijo Márquez en una rueda de prensa el pasado 9 de julio.
Esas cuatro detenciones ocurrieron el 28 de junio, fecha en la que María Corina Machado hizo un acto político en San Cristóbal. Al día siguiente las cuatro personas fueron liberadas. Márquez denunció que ese día también fueron detenidos conductores de unidades de transporte público y motorizados que participaron en el mitin, cuyos vehículos fueron retenidos, aunque no precisó cifras.
Además de estas 43 detenciones arbitrarias por motivos políticos, el ODH-ULA registró en el Táchira el 23 de enero intimidaciones con grafitis en las fachadas de un (1) partido político, dos (2) sedes de gremios profesionales, una (1) ONG y la vivienda de una dirigente política (1), con el mensaje #FuriaBolivariana.
Durante los meses de junio y julio se registró el cierre de cinco (5) restaurantes en San Cristóbal, propiedad de dirigentes políticos de oposición o personas cercanas a ellos; un (1) caso de agresión física y verbal contra la caravana de María Corina Machado en el municipio García de Hevia; un (1) asalto y un (1) posterior allanamiento a la vivienda donde se alojó Machado en el municipio Guásimos, así como a la empresa del dueño de esa casa, quien fue detenido en Caracas el 11 de julio; y una denuncia (1) por parte de Walter Márquez sobre detenciones arbitrarias a conductores de autobuses y motorizados, sin precisión de casos.
En la última semana se registraron agresiones verbales (2) del mandatario y candidato Nicolás Maduro contra la Televisora Regional del Táchira (TRT) y el exgobernador de ese estado, César Pérez Vivas, proferidas el 22 de julio durante un acto de campaña en San Cristóbal; una denuncia (1) de hostigamiento y amenazas contra alcaldes por parte de la Gobernación del Táchira, para que apoyaran la candidatura de Nicolás Maduro; la intimidación a tres (3) periodistas por parte de funcionarios del Sebin, mientras entrevistaban a un dirigente político de oposición el 24 de julio; y una (1) denuncia de nuevos grafitis intimidatorios en fachadas de inmuebles ubicados en tres municipios del estado.
La persecución política en el estado Mérida se ha caracterizado por la imposición de sanciones a locales comerciales (1) y hoteles (3); detenciones arbitrarias (3); intimidaciones, amenazas y hostigamiento (7) y el asalto (1) a una vivienda en el municipio Arzobispo Chacón, ocurrida la noche del 24 de julio.
El 5 de marzo de este año, tras la visita de María Corina Machado a municipios del páramo merideño, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) inspeccionó el Hotel Cabañas, ubicado en el municipio Cardenal Quintero, donde se hospedó parte del equipo de la dirigente política. Tras la inspección se impuso una multa de 3.000 euros, según informó al ODH-ULA una persona allegada a los propietarios del hotel, cuya identidad pidió resguardar.
El 15 de julio el Seniat volvió a inspeccionar ese hotel y esta vez lo clausuraron hasta el 4 de agosto, además de imponer otra multa, cuyo monto no se pudo precisar. Esta última acción constituye una represalia por el traslado en moto que le hizo Jesús Guerrero al candidato Edmundo González en Barinas el 6 de julio. Guerrero es socio de este hotel, y fue detenido el 10 de julio junto con varios trabajadores en un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Barinas, por presuntamente haber cometido delitos ambientales.
Otros tres casos de persecución política contra hoteles y comercios ocurrieron entre el 25 y 26 de junio, tras una nueva visita de María Corina Machado al estado Mérida. Funcionarios del Seniat inspeccionaron un cafetín y un local de telefonía ubicados en Tabay —municipio Santos Marquina—, por donde pasó Machado, así como el Hotel San Felipe, ubicado en El Vigía, municipio Alberto Adriani, donde se alojó parte del equipo de la dirigente. El hotel y el cafetín fueron sancionados con cierre temporal, mientras que en el local de telefonía solo intimidaron.
Los otros seis casos de intimidaciones, amenazas y/u hostigamiento se cometieron contra las sedes de tres (3) partidos políticos en Mérida, que amanecieron con grafitis de la Furia Bolivariana el 23 de enero. A comienzos del mes de julio dirigentes de un partido político de oposición fueron perseguidos por funcionarios del Sebin mientras hacían un recorrido entre los municipios Libertador y Campo Elías, como parte de sus actividades de campaña.
Un quinto caso de este tipo es el de una inspectora jefe de la Policía del estado Mérida, a quien su superior obliga a asistir a convocatorias políticas del oficialismo y se niega a aceptar su renuncia, amenazándola con que puede ser imputada por traición a la patria. Más recientemente circuló por redes sociales un video del actual presidente de Corpomérida, José Luis Gallardo, donde intimida y amenaza a quienes salgan a la calle el 28 de julio.
Las detenciones arbitrarias registradas por el ODH-ULA en Mérida fueron contra Henry Izarra y dos menores de edad que lo acompañaban la noche del 25 de junio, luego de haber finalizado el mitin de María Corina Machado en la ciudad de Mérida, para el cual Izarra alquiló sus equipos de sonido. Este hombre es miembro del partido político Vente Venezuela en el municipio Campo Elías. Aunque fue liberado al día siguiente, el Ministerio Público le imputó cargos por contaminación sónica y sus equipos de trabajo permanecen retenidos, luego de sufrir daños en el traslado que hizo la policía.
El estado con mayor cantidad de alcaldes inhabilitados para ejercer cargos políticos, como represalia por su apoyo al candidato Edmundo González, es Trujillo. El 19 de junio los mandatarios de ocho municipios de esta entidad aparecieron con esas inhabilitaciones en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Se trata de Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello), Dilcia Rojas (municipio Campo Elías), Yohanthi Domínguez (municipio Carache), Cervando Godoy (municipio Márquez Cañizales), Wuilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Heriberto Materán (municipio Motatán), Keyver Peña (municipio Sucre) y José Carrillo (municipio Urdaneta).
En Trujillo también ocurrió la primera detención arbitraria por razones políticas registrada por el ODH-ULA este 2024. Fue el 23 de enero contra Guillermo de Jesús López, coordinador regional del partido Somos Trujillo. El gobernador del estado, Gerardo Márquez (PSUV), dijo que López estaba requerido por el Tribunal Especial 2do. de Control del área metropolitana de Caracas, por «delitos vinculados al terrorismo, traición a la Patria, conspiración en forma política y asociación para delinquir».
El 19 de julio el gobernador Márquez arremetió contra el sacerdote Pedro Elías Artigas por invitar a rezar por Venezuela en una misa el domingo 21 de julio. Márquez insultó al sacerdote llamándolo «vagabundo», entre otras descalificaciones contra la dirigente política María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González.
El 22 de julio el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, denunció en la red social X que las Gobernaciones de ese estado y de Trujillo hostigan y amenazan a alcaldes opositores de los municipios de esas entidades, sin precisar quiénes ni cuántos.
«Gobernaciones de Táchira y Trujillo tienen desatada una operación de presión y chantaje contra alcaldes democráticos para obligarlos a declarar apoyo a la reelección de Maduro. Se les amenaza con la cárcel. La Contraloría y fiscalía se prestan para la operación en marcha. Es el estado-PSUV ejerciendo la máxima presión», escribió Pérez Vivas.
En total, en el estado Trujillo el ODH-ULA ha registrado una (1) detención arbitraria; ocho (8) inhabilitaciones políticas contra igual número de alcaldes; una (1) intimidación con la detención momentánea en el peaje de Buena Vista —municipio Monte Carmelo— del vehículo donde se trasladaba María Corina Machado en su regreso a Caracas desde el Táchira; la inspección intimidatoria al Hotel El Castillo (1) por parte del Seniat, tras hospedar a Machado en el mes de mayo; la agresión verbal (1) del gobernador Márquez contra el sacerdote Pedro Artigas y una (1) posterior intimidación de la alcaldesa del municipio Rafael Rangel, Sonia Silva, junto con personas afectas a Maduro, a quienes participaron de la vigilia convocada por el presbítero.
Este observatorio rechaza la escalada de agresiones contra ciudadanos, medios de comunicación, empresas, organizaciones de la sociedad civil, dirigentes y partidos políticos en Venezuela durante este año, en el marco del contexto electoral, que ha sido ejercida por al menos 16 tipos de agresores, entre funcionarios del Estado, civiles armados y personas afectas al régimen, quienes actúan de forma partidista, arbitraria y antidemocrática.
El ODH-ULA exigen al Estado venezolano que detenga estas acciones que dinamitan el contexto de libertades y equidades que requiere toda elección democrática, deslegitimando un proceso constitucional y sumando violaciones de derechos humanos contra la ciudadanía.// ODH-ULA
