El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) firmó el Acuerdo de Escazú que establece proteger el medio ambiente y los derechos humanos, herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y […]

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) firmó el Acuerdo de Escazú que establece proteger el medio ambiente y los derechos humanos, herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas.

 Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA señaló que respaldan la iniciativa ambiental porque la misma es importante para el desarrollo de políticas públicas en las que el Estado participe conjuntamente con las comunidades para impulsar el crecimiento sin afectar el medio ambiente, ni el equilibrio ecológico.

 Destacó Hocevar que en Venezuela hay una grave destrucción ecológica poco visibilizada como lo es la explotación del Arco Minero del Orinoco y confía en que el Acuerdo permita corregir esa situación.

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 Por otra parte, la directora del ODH-ULA manifestó su preocupación como Observatorio Universitario de Derechos Humanos por la destrucción ambiental de las áreas naturales de las universidades venezolanas, áreas que se destinan a actividades de investigación, docencia y extensión, entre las que destacan la finca Judibana y la Reserva natural de Caparo de la Universidad de Los Andes.

 Ambos espacios poseen un importante valor ecológico, y que a pesar de existir una sentencia judicial que protege las áreas, el Estado ha sido incapaz  de ejecutarla y desalojar a los invasores de esos predios.

 Solicitan adoptar medidas rápidas y eficaces

 El acuerdo de Escazú, firmado por más de un centenar de ONG y entregado a los jefes de Estado de los 33 países de la región podrá ser suscrito por otros gobiernos y ONG en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 27 de septiembre.

 El pasado 4 de marzo en San José (Costa Rica) el Acuerdo de Escazú fue aprobado por representantes de 24 países y es el primer tratado vinculante en la región que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.

 En el acuerdo las ONG hacen un llamado a los gobiernos para que firmen el mismo y adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países.

 Nelson Rivas, investigador del ODH-ULA, recordó que la Oficina del  ACNUR señaló que “el cambio climático, consecuencia de la destrucción ambiental,  llevará a las personas a una mayor pobreza y desplazamiento, lo que exacerbará los factores que conducen al conflicto, haciendo que las necesidades y respuestas humanitarias en tales situaciones sean aún más complejas”.

Desde el ODH-ULA, Rivas aplaudió este tipo de iniciativas por ser oportunidades para que los Estados asuman su compromiso real en la implementación del Acuerdo de Escazú para la protección el medio ambiente.

Un total de 176 organizaciones nacionales, regionales e internacionales Como APC, Amnesty International, CIVICUS, CEJIL,  Freedom House, Front Line Defenders, Fund for Human Rights, Greenpeace OMCT, People In Need, Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras que trabajan por toda América Latina y el Caribe en áreas como derechos humanos, medio ambiente o desarrollo y democracia, firmaron el acuerdo. /Prensa ODH-ULA.

 

 

 

 

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Nativo de Rubio, Félix Vega llegó como confinado político a la aldea de El Vigía en el año 1953, para permanecer en ella hasta su muerte. Durante 61 años que habito en El Vigía, fue un hombre promotor de iniciativas de desarrollo para el municipio. Tiene en su haber, el conformar dos de las Comisiones de mayor importancia del siglo XX en el municipio: la de Pro-Elevación a Municipio en 1954 y la de Pro-Elevación a Distrito (1965)

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