El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Trujillo (Unidad-Aragua), manifestó que varias personas han fallecido como consecuencia de las enfermedades denominadas gastrointestinales. Explicó el parlamentario que este tipo de patologías son de alto riesgo y que su mortalidad es sumamente alta. Indicó que dicha enfermedad se […]
El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Trujillo (Unidad-Aragua), manifestó que varias personas han fallecido como consecuencia de las enfermedades denominadas gastrointestinales. Explicó el parlamentario que este tipo de patologías son de alto riesgo y que su mortalidad es sumamente alta. Indicó que dicha enfermedad se […]
El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Trujillo (Unidad-Aragua), manifestó que varias personas han fallecido como consecuencia de las enfermedades denominadas gastrointestinales.
Explicó el parlamentario que este tipo de patologías son de alto riesgo y que su mortalidad es sumamente alta.
Indicó que dicha enfermedad se caracteriza por diarrea sanguinolenta que puede ocasionar una infección o la muerte del paciente en forma contundente.
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En este sentido, agregó el también médico aragüeño, que las medicinas para el tratamiento de este tipo de pacientes, los cuales hay en el país unos 3 mil 500 a 4 mil personas que padecen de la enfermedad, sólo la administra el Estado venezolano, según la presidenta de la Asociación de Enfermedades Intestinales Crónicas, Nelly Hernández.
Precisó que desde el año 2016 ha venido mermando el suministro y que incluso, parte del 2017 y 2018, no le han entregado medicinas a este grupo de pacientes.
El diputado Trujillo subrayó que se trata de medicamentos de alto costo y señaló que para tratar la dolencia necesita siete pastillas diarias, el cual tiene un costo de 20 millones de bolívares.
Advirtió que dichas pastillas no son vendidas en las farmacias ni en expendios, ni droguería. “Son medicamentos que solo Estado puede adquirirlo”, sostuvo.
Insistió el vocero que se trata de pastillas de alta peligrosidad que deben ser usadas previo diagnóstico de la patología que tiene la persona.
Finalmente argumentó, que actualmente están certificando al país la muerte de estos pacientes para luego llevarlos a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y establecer responsabilidades.
