“La voluntad mayoritaria del pueblo venezolano es dilucidar su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales”, indica la Conferencia Episcopal.
“La voluntad mayoritaria del pueblo venezolano es dilucidar su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales”, indica la Conferencia Episcopal.
La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de sus arzobispos y obispos, ha dado el puntillazo a cualquier posible participación en el proceso electoral convocado por el cuestionado CNE para el 6 de diciembre, y ha llamado a la población a participar.
Continúan los durísimos cuestionamientos, por supuesto, al régimen de Nicolás Maduro, pero ahora se hacen extensivos a la dirigencia opositora, con la que la Iglesia parece haber terminado su larguísima luna de miel.
El comunicado Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país también hace un dramático alerta sobre los miles de venezolanos, se prevé, saldrán del país en los próximos meses, en la medida en que remita la pandemia.
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A continuación las claves de un comunicado que va a comentarse durante muchos días:
El comunicado de los arzobispos y obispos señala que:
“como recientemente señaló el comunicado de la Presidencia de la CEV, no basta la simple abstención para poner en evidencia la ilegitimidad del proceso y alcanzar el cambio político tan deseado”. “Por tal motivo, las diversas organizaciones civiles, las universidades, los gremios, las academias, los empresarios y los trabajadores, las comunidades de los pueblos originarios y los jóvenes deben hacer esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación”.
Señalan los arzobispos y obispos que: “Los ciudadanos (…) cansados de no encontrar respuesta a sus justos reclamos y sintiéndose engañados por las reiteradas promesas o propuestas sin cumplimiento, ejercen hoy por doquier, de modo casi espontáneo y con una organización local, su derecho constitucional a la protesta pacífica”.
“Sin embargo, reciben como respuesta de las autoridades la censura informativa, la represión de los organismos policiales y militares y la persecución política por la vía judicial (…) El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales”.
Señala el documento que “los sectores de oposición se muestran divididos y sin presentar una alternativa verdadera de cambio. Tanto el oficialismo como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz. Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política”.
Más adelante, cuando habla sobre el legítimo derecho a la protesta ciudadana, interpela a la dirigencia de la oposición en los siguientes términos: “es necesario acompañar la protesta pacífica, cívica y social que hoy se extiende en todo el país, establecer una ruta clara para la transformación política, democrática y civil, y superar personalismos que dañan la misión colectiva de lograr una Venezuela donde vuelva a imperar la justicia y la paz”.
Quizás la mayor diferencia de este documento con el de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana a comienzos de septiembre es que el llamado a la participación electoral ha sido desechado.
“Esto sin olvidar que aún deben realizarse las elecciones presidenciales, pues las del 2018 estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen (…) como un poder de facto”. “La voluntad mayoritaria del pueblo venezolano es dilucidar su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales”, indica la Conferencia Episcopal.
La Iglesia ha dejado de concederle la mínima credibilidad al régimen. Señala que:
“El Ejecutivo Nacional ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a los grandes problemas nacionales y sus actuaciones tienden a agravarlos. A todas luces, aparece que su único objetivo es permanecer a toda costa en el poder, sin importar cuánto sufrimiento traiga eso al pueblo venezolano”.
Añade que:
“La dignidad de las personas es ampliamente irrespetada en nuestro país y muchas de las situaciones que se sufren constituyen crímenes de Lesa Humanidad. Es de justicia, por tanto, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sean juzgados”.
Sobre la ley antibloqueo, afirma la Conferencia Episcopal Venezolana que “es una expresión más de la voluntad del gobierno de conducir a nuestro país por caminos distintos a la legalidad, y así, dilapidar los recursos nacionales que son de todos, con el agravante, que ahora pretende hacerse de forma oculta y totalmente discrecional”.
El comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana pone el ojo en un tema sobre el que también hoy, una ONG, Fundaredes, publica una dramática denuncia. Señala que estamos en vísperas de una nueva ola migratoria, que se produce porque “más que emigrar, huyen de un país que no les ofrece garantías de una vida digna”.
Agregan los arzobispos y obispos que: «Empeora su situación el maltrato de las autoridades militares y policiales quienes a lo largo del camino les requisan y les arrebatan sus pertenencias y el dinero que llevan. En vez de protegerlos, como lo juraron hacer ante Dios y la patria, los vejan y los consideran como ciudadanos de segunda categoría».
