La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, solicitó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH), Michelle Bachelet, y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bom Bensouda, que vengan a Venezuela para que vean lo que está ocurriendo en el país en esta materia […]
La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, solicitó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH), Michelle Bachelet, y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bom Bensouda, que vengan a Venezuela para que vean lo que está ocurriendo en el país en esta materia y tomen parte la investigación preliminar sobre el crimen del concejal Fernando Albán del que responsabilizó a Nicolás Maduro.
Durante su intervención en la sesión plenaria en la que los diputados rechazaron la versión oficial sobre un supuesto “suicidio” del dirigente político, la parlamentaria acusó a Maduro de no tener control alguno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) ni de las fuerzas de seguridad del Estado que tienen la obligación constitucional de garantizar vida de los presos políticos.
“¿Pero cómo lo va a hacer, porque la realidad es que Maduro debiera haber desalojado Miraflores hace tiempo para evitar tanto dolor en Venezuela?”, cuestionó Solórzano, al tiempo que reiteró su petición a las funcionarias para que le tomen la palabra “al usurpador de Miraflores” y vengan a ver lo que está ocurriendo en materia de violación derechos humanos en el país.
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Solórzano no descartó que exista miedo entre los políticos, pero miedo a que se perpetué en el poder la dictadura que asesina, empobrece y hambre al pueblo. “Debemos temerle a que los que usurpan el poder signa ejerciéndolo como lo hacen hoy”, dijo.
Aseguró Solórzano que nadie va a escapar de la dictadura porque todos tenemos un número, por eso hoy se levantan y luchan con más fuerza “que nos sale del dolor y la indignación que genera este crimen contra Primero Justicia y toda su familia política que hoy sigue dando la cara por un pueblo que tanto lo necesita”.
Como presidenta de la Comisión de Política Interior colocó en el banquillo asuntos fundamentales para la investigación como la inviolabilidad del derecho a la vida, aún de las personas privadas de libertad, que debe defender el Estado, por lo que “responsabilizó directamente a Maduro de este crimen”.
También mencionó las contradicciones del caso que refirieron sus colegas en intervenciones anteriores, señalando que hay partes de la historia que no cuadran y preguntas sin respuestas “por ahora, hasta que llegue la democracia al país”, indicó.
Entre éstas enumeró las siguientes: Las ventanas de esa torre siempre están cerradas y sólo tiene ventilación forzada; por qué no lo llevaron al tribunal de la causa para ser presentado ante la jueza del caso cuando se tenía listo el traslado desde tempranas horas de la mañana y qué hacia el concejal en las oficinas de contrainteligencia en el piso 10.
También se preguntó la legisladora qué papel juega en todo esto el general de la guardia nacional, Eduardo Serrano Díaz, y qué papel tuvo él en el grotesco video drogado que se le tomo a Juan Requesens.
“No tengo esas respuestas, pero las tendremos pronto”, aseguró la parlamentaria al explicar que promoverán una investigación independiente utilizando el control del protocolo Minnesota, elaborado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, con el cual se practicará no sólo una investigación a efectos de exhumación, sino de todos los elementos de indagación que deben preservar./