El pasado 6 de enero el ministro del régimen de facto para la Educación Universitaria, César Trómpiz, presentó a las autoridades de las universidades privadas del país un plan de “redimensión del sistema nacional de ingreso universitario, basado en la reactivación del aparato productivo nacional”. El documento, elaborado sin la participación ni consulta a las […]

El pasado 6 de enero el ministro del régimen de facto para la Educación Universitaria, César Trómpiz, presentó a las autoridades de las universidades privadas del país un plan de “redimensión del sistema nacional de ingreso universitario, basado en la reactivación del aparato productivo nacional”. El documento, elaborado sin la participación ni consulta a las autoridades académicas universitarias, establece solo 145 carreras relacionadas con “la economía productiva, de acuerdo a las necesidades de formación de la nación”. Dicho plan no ha sido presentado hasta la fecha a las autoridades de las universidades públicas del país.

De las 145 carreras, apenas 15 son consideradas “prioritarias” por el régimen: Medicina Integral Comunitaria, Educación en Ciencias, Química, Agroalimentaria, Veterinaria, Ingeniería en Electricidad, Ingeniería Transporte, Ingeniería Mecánica, Hidrocarburos, Ingeniería en Minas, Informática, Ingeniería de Producción, Ingeniería Civil, Construcción Civil e Ingeniería Industrial. Esta selección arbitraria no solo es excluyente, sino que evidencia el autoritarismo del régimen y su violación a la libertad académica, que es constitutiva del derecho humano a la educación.

La libertad académica es definida en la observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como “la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio”.

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Las humanidades, artes, ciencias sociales, jurídicas y políticas son excluidas totalmente

Resulta grave que ninguna de las 145 carreras incluidas en la lista arbitraria del régimen formen parte de las ciencias jurídicas ni políticas, las cuales son indispensables para garantizar la democracia, legalidad, respeto a los derechos humanos y justicia de los gobiernos y Estados. Esta exclusión muestra, una vez más, los rasgos dictatoriales del régimen de facto. Tampoco tienen cabida las carreras de ciencias sociales, como Comunicación Social, ni las vinculadas a las áreas humanística y artística.

Dentro de las 15 prioridades en educación superior del régimen no están las ciencias forestales ni ambientales, a pesar de los graves daños medioambientales sufridos en el territorio nacional como consecuencia de la sobreexplotación minera, petrolera y la deforestación. Solo algunas carreras de estas ciencias aparecen como complementarias en la lista difundida por el Ministerio.

Por su parte las ciencias económicas, así como la diversidad de áreas que comprenden la educación y las ciencias básicas quedan excluidas de la referida selección prioritaria. Nuevamente, solo algunas carreras de estas ciencias se incluyen como complementarias, varias de ellas ofertadas solo en las universidades creadas y controladas por el régimen que conforman el sistema paralelo universitario.

14 no son carreras, sino Programas Nacionales de Formación (PNF)

De las 130 “carreras” restantes -divididas entre “necesarias” (21) y “complementarias” (109)-, 14 no son carreras universitarias, sino Programas Nacionales de Formación (PNF). Se trata de cursos que creó el gobierno de Hugo Chávez en el marco de la Misión Alma Mater, con el objetivo de incluirlos en los pensum de carreras universitarias, cuyos contenidos fueron elaborados sin tomar en cuenta a los Consejos de las universidades autónomas ni privadas.

Cabe resaltar que los PNF, creados bajo la resolución N° 2.963 del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.930 de fecha 14 de mayo de 2008, tienen como principal característica “la formación humanista como aspecto de vital importancia para la formación integral de la persona”. Resulta una contradicción que ninguna de las 145 carreras incluidas en el plan de redimensión del sistema nacional de ingreso universitario forme parte del área de Humanidades.

Discriminación por exclusión

Establecer categorías de priorización en las áreas y carreras universitarias no solo viola la libertad académica, sino también el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo numeral “c” establece que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. Las personas cuya vocación y capacidades se inclinen por carreras no incluidas en la selección arbitraria del régimen estarían siendo discriminadas y excluidas del acceso a la educación superior.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) rechaza la priorización de carreras y áreas de educación universitaria establecida por el régimen de facto en el plan de “redimensión del sistema nacional de ingreso universitario, basado en la reactivación del aparato productivo nacional”. Dicha redimensión, que no es otra cosa que exclusión por selección arbitraria, forma parte del objetivo 2.3.10 del Plan de la Patria 2019-2025, cuyo contenido viola el principio constitucional de autonomía universitaria, entre otros derechos educativos consagrados en la Carta Magna nacional y en tratados internacionales.

En agosto de 2020, el régimen de facto ejerció otro acto de exclusión y discriminación al otorgar el 100% de los cupos para estudios universitarios en las instituciones de educación superior del país, asignando además a bachilleres en carreras y universidades no elegidas como opciones por ellos. Antes, el Ministerio de Educación Universitaria centralizó la asignación y el pago de becas estudiantiles a través del Sistema Patria. Todos estos actos han sido documentados por este observatorio como violaciones del derecho a la educación y los derechos universitarios.//ODH-ULA