Sólo 5 estados votaron en contra de la resolución, la propia delegación de Venezuela, acompañada solo por la de Bolivia y dos islas del Caribe, Saint Vincent y Dominica y la dictadura de Bouterse en Suriname.
La reciente declaración de la Organización de Estados Americanos exigiendo que se suspenda la elección de finales de abril convocada por la ANC tiene mucha relevancia, porque por un lado, muestra el interés y la importancia que le brindan a dicha organización la mayoría de los estados de la región, 19, uno más que los 18 requeridos y, por el otro, la significativa pérdida de apoyo que tiene en la región el gobierno del presidente Maduro. Sólo 5 estados votaron en contra de la resolución, la propia delegación de Venezuela, acompañada solo por la de Bolivia y dos islas del Caribe, Saint Vincent y Dominica y la dictadura de Bouterse en Suriname. Mientras que entre los 19 países que votaron a favor están la mayoría de los paises de norte, centro y sur América, incluyendo varios miembros del Caricom: Jamaica, Barbados, Guyana, Santa Lucía y Bahamas.
Pero lo que llama más la atención es que entre los 8 que se abstuvieron, y por lo tanto hicieron posible que se aprobase la declaración, están antiguos aliados del régimen como Ecuador, El Salvador, Haití, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis. Por cierto, el Canciller de esta isla fue uno de los escogidos por el Gobierno para las negociaciones de Santo Domingo, al igual que Nicaragua, que también se abstuvo, y Trinidad y Tobago que tiene negocios petroleros con el gobierno.
Para completar la lista de las 35 naciones, Antigua y Grenada decidieron que era mejor no asistir, o como se dice en el lenguaje jurídico, hacer mutis por el foro.
Esto demuestra que la brecha casi insalvable para la aplicación de la Carta Democrática se reduce considerablemente, ya que si 5 de los que se abstuvieron se suman a los 19, se lograrán los 24 votos necesarios.
Con sus desplantes y desafío continuado a las propuestas hechas en diciembre pasado por los 5 cancilleres, el Gobierno está logrando lo que hace un año lucía prácticamente imposible: una condena del hemisferio por violación del orden constitucional.