La Asamblea Nacional (AN), mediante Acuerdo aprobado en cámara, declaró nulo todos los contratos de servicios en las que intervengan empresas privadas referentes a la exploración, explotación, recolección, transporte y almacenamiento inicial de los yacimientos de hidrocarburos que no sean aprobados por el Parlamento. El señalamiento lo hizo el diputado por el Distrito Capital, Jorge Millán, miembro de la Comisión de […]
La Asamblea Nacional (AN), mediante Acuerdo aprobado en cámara, declaró nulo todos los contratos de servicios en las que intervengan empresas privadas referentes a la exploración, explotación, recolección, transporte y almacenamiento inicial de los yacimientos de hidrocarburos que no sean aprobados por el Parlamento.
El señalamiento lo hizo el diputado por el Distrito Capital, Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, al iniciar el punto sobre el Proyecto de Acuerdo sobre la ilegalidad de la asignación de actividades primarias de explotación petrolera sin la autorización del Poder Legislativo venezolano.
Indicó el parlamentario que de acuerdo a la legislación venezolana las constituciones de empresas mixtas y sus condiciones deben pasar por la AN y por la Comisión de Energía y Petróleo, “lo cual no ha ocurrido”.
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Millán aseguró que el Acuerdo exhorta al Ministerio del Poder Popular para el Petróleo informe a este cuerpo colegiado sobre los contratos de servicios con empresas privadas en los que se permita la realización de actividades primarias, referente a los yacimientos de hidrocarburos para que en plenaria conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se proceda a discutirlo y someterlo para su aprobación.
Aseveró el legislador que el gobierno ha fracasado en su política petrolera y añadió que la producción petrolera ha registrado una caída sistemática desde 1999, y que de 2 millones 900 mil barriles que se producían para ese año hoy está produciendo apenas 1 millón 200 mil barriles.
“La excusa de los que han fracasado con la administración de nuestro principal recurso y nuestra principal empresa es ahora ceder a empresas de maletín, o en todo caso, a negocios que no le son claros al país”, afirmó.
Finalmente, Millán indico que el Decreto 3.268 es inconstitucional y carece de ilegalidad por violar lo establecido en el ordenamiento jurídico.
Subrayó que este Acuerdo establece que se le debe informar a los directivos de las empresas petroleras extranjeras que la suscripción de cualquier contrato o convenio basado en el Decreto bajo consideración carece de legalidad y por tanto podrá ser desconocido y advertir a los directivos de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Petróleo que la adquisición de bienes, servicios o firma de contratos será considerado una usurpación de funciones con todas las responsabilidades administrativas y penales que ello implica. /Carlos Morillo/ Prensa AN
