Ese poder, no solo se mide en liderazgo, sino en bolívares, dólares, vehículos, capital humano. La industria del delito en el país caribeño ha evolucionado a pasos agigantados con un sistema de operación limpio y eficaz.
“Todas las bandas están cobrando los secuestros en dólares (…) Las bandas del Cementerio, las que yo conocí, estudian a sus víctimas, van a las urbanizaciones de Chacao, de Baruta (…) ven a una persona que tenga el target, lo estudian (…) y lo atacan después”, comentó a Sumariumel periodista especializado en sucesos, Román Camacho.
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“¿Cómo se movilizan? Ellos tienen su vehículo. Los del Cementerio no roban vehículos para usarlos en secuestros. Ellos tienen vehículos escondidos en otros lados, lejos del Cementerio, que son camionetas último modelo, de chasis largo…”, agrega. Según el periodista, estas últimas son usadas para realizar los secuestros.
“Son los famosos que uno ve sin placas ni nada, que hasta ellos usan como ‘modus operandi policiales’, porque muchas veces usan hasta chalecos, armas largas, se bajan y la gente piensa que son unos operativos policiales y no, son secuestradores”, detalla, para rematar: “Yo hablé con ‘El Koala’ antes de que lo mataran (…) y él me contó, indignado, molesto, que él tenía un Ford Ka y una camioneta Explorer arrechísima con todas sus cosas y sus radares, y cuando llegó uno de esos policías le quitó la camioneta”.
El Observatorio de Delito Organizado comentó que diez megabandas tienen controladas zonas claves de la nación en estados como Aragua, Guárico, Zulia, Miranda, Anzoátegui y Bolívar.
Alertó en julio de 2015 que “estas bandas tienen una red de influencia con más 200 actores criminales. Lo que los hace particulares es la organización superior que les permite el acceso a armas de fuego de grado militar, como los fusiles automáticos de ataque AK-47 y R-15 y granadas fragmentarias”.
¿Pero cómo llega el armamento bélico a sus manos? Camacho es tajante: “Ellos compran sus armas a alguien que se las vende, el contacto es con alguien del Gobierno”. El periodista asegura haber visto a ese funcionario durante una entrevista con un hampón, pero aclara que no puede decir de quién se trata.
Para el también periodista de sucesos, Daniel Colina, el problema de la inseguridad radica precisamente en que estos grupos “tienen conocimiento de que cometer delitos no les va a dar esa sanción punitiva”.
“Operan bajo la impunidad” y la “mirada indiferente” de los cuerpos de seguridad, asegura.
En este sentido, dice que el secuestro se ha convertido en una de las actividades más rentables en Venezuela. “Primero, porque estamos en un país donde la capacidad delictual ha desbordado la capacidad de la fuerza pública. A esto se suma que no hay el poder coercitivo, el poder punitivo para sancionar contundentemente a las personas que cometen este delito. Hay una impunidad total en los órganos de justicia”, argumenta.
Además, sesga, los cuerpos de seguridad preventivos están presentando “grandes vicisitudes a nivel de equipos, de patrullas, de municiones, de recursos, de chalecos, de operatividad”, sin contar que hay deserción policial, pues, en su opinión, hoy “no es atractivo ser funcionario”.
Al respecto, Román Camacho plantea que cada vez que algún cuerpo policial pretende prestar apoyo a algún oficial en El Cementerio -por ejemplo- “desde la orden ministerial dicen que no, porque es una zona de paz”.
“Mandan a retirar a las unidades y dejan a la suerte a ese funcionario. Eso se ha discutido mucho y ha causado mucha molestia. Por eso también están tratando de desligar todo del ministerio. Ahí hay algo interno muy grave que hay que destapar, lo que pasa es que bueno… el que lo destape puede terminar como Danilo Anderson o de otra forma”, sostiene.
PLANES DE SEGURIDAD
Para el criminólogo Fermín Mármol García, la cantidad de planes y la poca efectividad en ellos es una muestra de que el país ha improvisado, “no le hemos dado continuidad a los programas, y es notorio que lo que impulsa un ministro es desechado por otro”.
El control de la delincuencia organizada en diversos sectores del territorio nacional en los últimos años ha sido tal, que el gobierno venezolano se vio obligado a emprender un plan de seguridad denominado Operación Liberación del Pueblo (OLP) para tomar zonas como la Cota 905, en Caracas, una de las guaridas del crimen organizado.
“Las OLP nacen porque se le fue de las manos la inseguridad al Gobierno (…) no es más que un operativo medio organizado (…) para acabar con la delincuencia en los barrios. ¿Qué es lo que pasa? Que como no es tan organizado, mucha información se filtra. Cada vez que hay una OLP los líderes de las bandas donde atacan se van”, dice Camacho.
Y agrega: “También las OLP nacieron porque hay una división dentro del Gobierno, porque las OLP nacen a nivel presidencial, no salen a nivel ministerial, y una de las personas que está en el ministerio, cerca del viceministro de seguridad y todas esas cosas, es el que tiene contacto con las bandas (…) Es alguien que está muy vinculado con cosas de las zonas de paz”.