La presidenta de la ONG Observatorio Penal Mérida (OPEM), Sarita Montiel, reportó que hasta ahora esta organización, que se dedica a la defensa y promoción de los Derechos Humanos (DDHH), ha atendido al menos 30 casos de personas que han sufrido detenciones y allanamientos, en el estado Mérida, en el marco de lo que han sido las últimas protestas ocurridas en Venezuela, “también damos asesoría y atención en cuanto a la formación de cómo se debe actuar en caso de que a las personas se les violenten sus derechos”, dijo la activista.
“Hay actuaciones que las personas deben asumir, si son objeto de vejaciones en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con los abusos de algunos organismos de seguridad, que dañan la propiedad privada cuando hacen allanamientos, violentando el derecho de las personas a gozar libremente de sus bienes”, detalló.
La ONG lleva a delante casos en la Fiscalía, además de que orienta a los familiares de personas que son detenidas ilegalmente o que sufren torturas, para que emprendan acciones legales contra los funcionarios que cometen los delitos con el abuso del poder, “estamos dando pasos importantes, sobre todo ampliando con nuevos activistas nuestro radio de acción a municipios como Campo Elías, Tovar y Alberto Adriani en Mérida, así como con nuevos activistas en el estado Táchira, en Trujillo, Barinas y Lara”.
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Montiel dijo que han logrado resolver varios casos de los que han atendido, trabajan en conjunto con abogados privados que son nombrados por los afectados, indicó que se han tenido que enfrentar a situaciones de mucha injusticia, “hay muchos detenidos a los que les siembran evidencias, incluso drogas, sobre a todo a jóvenes, les decimos a los uniformados que no deben abusar de la autoridad que envisten, porque cometen crímenes de lesa humanidad y estos delitos no prescriben”. (AV- CNP/16478)