La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) aseguró este lunes, en escritos presentados ante la Justicia, que «no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias» y rechazó cargos por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes del caso.
La defensa de Fernández presentó «ocho anexos documentales» para demostrar que, «en cuanto al presunto lavado de activos, no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias ya que todas las operaciones (inversiones y compras de dólares) se concretaron a través de los circuitos bancarios y cambiarios oficiales en cumplimiento de las normativas pertinentes», informó Efe.
Los escritos fueron presentados por el abogado de Fernández, Carlos Beraldi, ante los jueces Julián Ercolini, que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur participada por la exmandataria, y María Servini de Cubría, ante quien denunció a una diputada y a otro magistrado por «tráfico ilícito de información».
Fernández reclamó «que se ponga fin a la campaña de persecución y hostigamiento que viene padeciendo, utilizándose a un sector del Poder Judicial con tales objetivos», según confirmó Beraldi.
La expresidenta argentina apunta contra la diputada Margarita Stolbizer, a su abogada Silvina Martínez y al juez Claudio Bonadio, luego de una denuncia realizada por la legisladora sobre presuntos movimientos irregulares en las cuentas de Fernández.
Según reproduce hoy la agencia estatal Télam, Solbizer, su abogada y Bonadio fueron denunciados por utilizar para esa acusación documentación obtenida en un allanamiento ordenado en una causa que tiene a su cargo de ese magistrado, por supuestas irregularidades en Los Sauces, otra empresa participada por la exmandataria.
Fernández pidió entonces «que se lleve a cabo una profunda investigación sobre el tráfico ilícito de información ocurrido» y que se analice «la conducta de la denunciante» Stolbizer.
Además, la exjefa de Estado enfrenta en la Justicia argentina una denuncia por el presunto perjuicio contra las arcas públicas ocasionado por los contratos de futuros de dólar celebrados durante el último tramo de su segundo mandato, causa también a cargo de Bonadio.