Dirigentes indígenas informaron al Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la ULA, GTAI, sobre las situaciones irregulares que violan los derechos indígenas de las comunidades del Amazonas, en este sentido, Reynaldo García, concejal indígena del municipio Atures, capital de Puerto Ayacucho, señaló que es urgente la incorporación de los diputados de esa entidad para que defiendan los derechos de los 21 pueblos indígenas que hacen vida en esa región, ya que el 70% de la población de Amazonas es indígena. Dijo que frente a esta situación de indefensión que tienen estas comunidades indígenas por carecer de representantes en la Asamblea Nacional, una representación de organizaciones indígenas, incluyendo la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, se trasladó hasta Caracas, específicamente a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea, donde consignaron un escrito en el que solicitan la incorporación de los tres diputados del estado Amazonas a sus funciones en la Asamblea Nacional y pidieron, asimismo, que se exhorte al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral a pronunciarse al respecto.
Reclaman libertad de indígenas detenidos
Por otra parte, en ese mismo documento se solicita la libertad inmediata de Humberto Yusuino, del pueblo Curripaco, quien se encuentra detenido desde enero en la ciudad de Caracas, y de Javier Infante, quien fue detenido en Puerto Ayacucho por presuntos delitos electorales; delitos que no se han podido comprobar. Denunció el concejal que han observado cómo algunos dirigentes del PSUV buscan sobornar a los indígenas ofreciéndoles beneficios sociales y cargos con el fin de obligarlos a testificar en contra de los ciudadanos antes mencionados para justificar la impugnación de los diputados en esta entidad, lo cual viola los derechos de los habitantes del Amazonas, en su mayoría indígenas.
Por su parte Pablo Tapo, adjunto a la Secretaría Regional de Asuntos Indígenas, explicó que solicitaron el traslado del profesor Humberto Yusuino, quien está siendo procesado de manera injusta o, en todo caso, debería ser juzgado en su jurisdicción especial o natural, tal como lo establece la CRBV o que se aplique el convenio 169 de la OIT, en su artículo 10, numeral 2, que señala que el indígena debe ser juzgado dentro de su jurisdicción especial y debe dársele un tipo de sanción distinta al encarcelamiento. María de los Ángeles Pérez.
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Prensa ULA. 9795. Fotos Lánder Altuve