Trabajadores de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (Epsdc) “Josefa Camejo” fueron víctimas de hechos violentos por parte de grupos encapuchados financiados por el alcalde de Campo Elías, Omar Lares, que intentaron incendiar la sede de esta empresa de atención telefónica de Movilnet (*611) que funciona en el centro comercial Aguas Calientes de Ejido.
La información fue suministrada por el coordinador de la Consultoría Jurídica de la Epsdc, Juan Zerpa, quien además denunció que desde hace más de una semana han intentado asediar y saquear la sede de la empresa, propiedad de 17 comunidades organizadas del municipio Campo Elías que se benefician de manera directa del servicio *611 de Movilnet.
Igualmente, destacó que la situación se agrava cada día porque no se ha contado con la disposición del alcalde Lares para el cese de los disturbios, lo cual es su responsabilidad, independientemente de su posición política. Según Zerpa, el burgomaestre está atentando contra el pueblo, porque es una empresa que no es del Gobierno sino de las comunidades, y “está incitando a que haya un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, además de generar el caos entre todos los vecinos”.
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Así mismo, aseguró: “Tenemos evidencias que demuestran que el alcalde Omar Lares y el concejal Edwin Arocha financian la logística de los grupos violentos, porque hacen los recorridos en carros oficiales de la Alcaldía en los que suministran comida e hidratación para que los encapuchados asedien la empresa. Ellos empiezan con el simulacro de una actividad pacífica, pero horas después comienzan los actos de vandalismo, saqueo y daños a patrimonio público”.
Trabajadores en zozobra
De igual manera, Zerpa señaló que los hechos vandálicos han mantenido en zozobra a 850 trabajadores (en su mayoría mujeres), y han puesto “en jaque las comunicaciones del país, ya que nosotros le prestamos servicio a casi 14 millones de usuarios a través del servicio *611, porque somos el principal proveedor de Movilnet en Venezuela y, por ende, ponen en riesgo los ingresos de las comunidades”, pues, al no prestar el servicio, merman los ingresos y la facturación; por lo tanto, están en juego los salarios de los trabajadores que hacen vida en esta empresa. /Prensa Gabinete de Seguridad y Paz /Mérida-Venezuela