En rueda de prensa, realizada de manera urgente el pasado viernes 25 de febrero, la superintendente del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT), Kellys Contreras, acompañada por los gerentes y coordinadores adscritos al mismo, ofreció declaraciones sobre un hecho ocurrido en las instalaciones del mencionado ente, «cuando dos (2) ciudadanos que se identificaron como supuestos funcionarios de la Inspectoría de Trabajo, sin presentar credencial que los identificara formalmente, se apersonaron a realizar un procedimiento de reenganche a favor de cuatro (4) exfuncionarios, los cuales, fueron removidos de sus cargos el pasado mes de diciembre”, puntualizó.
Contreras expuso que, pese al reposo médico que tiene, debió dirigirse hacia el SAMAT a conocer de la situación, como la representante legal del organismo, además, declaró que, los mencionados ciudadanos “llegaron de manera arbitraria, atropellando a los gerentes de administración y asuntos jurídicos de la institución, exigiéndoles mostrar sus nombramientos, tomando fotos, grabando a los funcionarios y amenazando con actuaciones legales ante el Ministerio Público, cuando estos ciudadanos, ni siquiera cumplieron con el deber de identificarse formalmente”, indicó.
Además, resaltó Contreras que “no recibimos notificación alguna relacionado al caso, simplemente iniciaron un procedimiento arbitrario con abuso de poder, alegando despidos injustificados y violación de derechos laborales”, expresó.
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En este sentido, Contreras sostuvo que, “en el SAMAT siempre hemos actuado apegados a derecho, basados en la Ley del Estatuto de la Función Pública en cuanto a los procedimientos administrativos, por ende, les solicité a los ciudadanos en mención, la apertura del lapso probatorio, para demostrar que los ex funcionarios que piden el reenganche, no gozan de estabilidad laboral, por ser cargos de libre nombramiento y remoción”, subrayó.
Alegó Contreras que, “les leí los artículos 21 y 93 de la mencionada ley, donde se establece cuáles son los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, además, los cargos de confianza cuyas funciones comprendan principalmente actividades de fiscalización e inspección, que sería el caso que nos compete”.
Recalcó Contreras que “los funcionarios de las inspectorías defienden los derechos de los trabajadores y no de funcionarios públicos de confianza como es este caso, puesto que, los mismos ejercían cargos de fiscalización y recaudación de impuestos dentro del municipio”, sentenció.
Asimismo, añadió “se está actuando conforme a la ley, especialmente el artículo 93, donde dice claramente que los reclamos que formulen los funcionarios públicos o aspirantes a ingresar en la función pública, cuando consideren que han sido lesionados sus derechos, por actos, o por hechos de los órganos de la administración pública, le corresponderá a los tribunales competentes en materia de contencioso administrativo funcionarial, y son ellos los que deben conocer y decidir todas las controversias que se susciten”, precisó.
Al finalizar, la superintendente aclaró que, por la naturaleza de las funciones que realiza el SAMAT, «el 70% del personal son cargos de libre nombramiento y remoción de acuerdo con la resolución de nombramiento, así como, el Manual de Cargos, publicado en Gaceta Municipal en el año 2016», enfatizó. //Prensa Alcaldía Alberto Adriani