Para que una democracia sea funcional requiere de un sistema electoral libre y transparente. Para que esto ocurra, es indispensable que el ente que preside, organiza y supervisa el proceso electoral sea independiente de las organizaciones políticas que participen. En algunos países de América Latina la tendencia ha sido dejar el control en manos de los partidos políticos en el poder, lo cual, por definición, es contrario a la transparencia del proceso, ya que es inevitable que las personas seleccionadas, por honestas y honorables que fueren, tendrán siempre la tendencia a favorecer a la organización a la que esté vinculada.
En Venezuela, el anterior Consejo Supremo Electoral, intentó en la medida de lo posible despartidizar el organismo y, por lo general, en todas las elecciones realizadas, salvo situaciones muy particulares en algunas, los resultados electorales proclamados no fueron cuestionados.
La situación actual del CNE fue abordada por los Cancilleres en las negociaciones de Santo Domingo y la recomendación que estos hicieron, ante la aparente imposibilidad de que se constituyera una organización independiente, fue que el Gobierno y la oposición tuviesen cada uno dos miembros en la directiva del organismo y que el Presidente del mismo fuese una persona aceptable para ambas organizaciones políticas. Eso no se logró, y el ente tal como está hoy, tiene 4 miembros que responden al gobierno y uno solo a la oposición.
Aparte de esa anomalía, hay otros aspectos esenciales que están contemplados en la Constitución y en las leyes que se refieren al tema electoral, como lo son el plazo requerido para ir a un proceso con el máximo de participación ciudadana, las auditorías al registro electoral permanente, las atribuciones del Plan República, la prohibición de que existan puntos con propaganda de partidos políticos cercanos a los lugares en que se vote, en fin, un conjunto de normas que garanticen que el proceso electoral sea limpio y transparente.
Los venezolanos debemos votar, pero en unas elecciones libres y transparentes que cumplan al pie de la letra con lo dispuesto en la Constitución y las leyes y con las garantías necesarias para que nuestros votos sean los que decidan.