En la sesión del Parlamento del Mercosur (Parlasur) realizada este lunes 24 de abril, el diputado del estado Mérida ante la Asamblea Nacional (AN) y esta instancia internacional, Lawrence Castro, consignó un informe en el cual detalló las acciones del gobierno en contra de las manifestaciones pacíficas que han realizado millones de venezolanos exigiendo elecciones generales, libertad para los presos políticos, destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respeto a la AN y a la Constitución Nacional.
Castro explicó que el gobierno, representado por Nicolás Maduro, instiga a ejecutar actos criminales contra la oposición venezolana cuando manifiesta para exigir la restitución del orden constitucional que la Sala Constitucional del TSJ ha roto de forma ilegal y antidemocrática.
Dijo que en Venezuela cada día es más evidente el retroceso democrático que se evidencia con el desconocimiento de la AN como órgano esencial del Poder Legislativo Nacional; la instrumentación de los demás órganos del Poder Público Nacional por acción inconstitucional del Poder Ejecutivo y el desconocimiento de los derechos y garantías básicos que amparan al ciudadano frente a la acción abusiva del Estado.
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A ello le sumó la severa crisis social que compromete la integridad del tejido social de la nación por efecto del hambre, la escasez y la precariedad de los más esenciales servicios públicos, como el de salud y seguridad.
En este sentido, explicó ante el Parlasur que en Venezuela, ejercer un derecho político esencial como la protesta, amparado en el artículo 68 de la Constitución de la República, desata una cadena de atropellos que viola la dignidad de las personas y lo contemplado en la Constitución Nacional, así como los tratados internacionales suscritos por la República para la protección de los derechos humanos.
“En Venezuela se vulnera y menoscaba sistemáticamente el artículo 43 sobre el derecho a la vida; el 44 sobre la inviolabilidad de la libertad personal; el 45 sobre la prohibición a la autoridad pública de aplicar la desaparición forzada de personas; el 46 sobre el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas; el 47 sobre la inviolabilidad del hogar doméstico, entre otros más como el 62 sobre el derecho de participar libremente en los asuntos públicos y el 70 y el 72 sobre el derecho a la participación política y la revocación de los funcionarios electos”, explicó el diputado.
Reiteró que los ataques a las constantes movilizaciones civiles de la oposición en defensa de la institucionalidad democrática, conforman una situación de negación de la democracia y de irrespeto a los Derechos Humanos que debe ser conocida y atendida por la comunidad internacional a efectos de contribuir con el bienestar social del pueblo venezolano. (Prensa VP-Mérida)