El diputado opositor venezolano Carlos Paparoni acusó hoy al Gobierno de corrupción en la importación de leche desde México, un alimento que, dijo, no cumple con las leyes internacionales y que no cubre las necesidades alimenticias de las que informa en su empaque.
“Estamos viendo que de las 8 marcas que trae el Gobierno en las bolsas Clap, todas son bajas en proteínas, calcio, altas en carbohidrato y sodio”, declaro Paparoni sobre la leche en polvo que viene en la caja de alimentos subsidiados que entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Datos de este estilo sobre la leche importada desde México fueron revelados hace unos días en un trabajo de investigación por parte del portal Armando.Info.
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El también integrante del partido Primero Justicia (PJ) aseguró que estas importaciones “violan” el artículo 305 de la Constitución venezolana y que “ahora conocemos un nuevo nivel de delito de los que están cometiendo algunos sectores del Gobierno cuando están apostando más al negocio de la corrupción en la importación”.
«Decirles también que estas leches están incumpliendo normas (…) internacionales y también mexicanas», agregó.
Aseguró que para que una ración de MacLeche, una de estas marcas mexicanas importadas, cubra las necesidades alimentarias de un niño como lo haría con la misma cantidad del producto venezolano, se necesitan “41,3 vasos”
“Su composición química no es lo que dice el empaque”, afirmó.
Responsabilizó al gobierno encabezado por Nicolás Maduro de que en Venezuela se vea “la desnutrición que estamos viendo” porque, dijo, “están trayendo productos que no están alimentando”.
“Lo que hoy presenta el Gobierno como un logro, como el programa más importante de la revolución, está haciendo que nosotros perdamos una generación entera“, apuntó.
Venezuela pasa desde hace meses por una grave crisis económica que afecta a todas las áreas de la sociedad, entre ellas la alimentaria, y que llevó a la oposición a solicitar al Gobierno que abra un canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas.
El Ejecutivo rechaza esta posibilidad porque defiende que podría dar lugar a una “invasión encubierta” por parte de los países que ofrecen esa ayuda, entre los que destacan Estados Unidos y Colombia.