j.g. guerrero lobo*
El catedrático y especialista en Derecho Constitucional Gustavo Linares Benzo nos dice en una entrevista de Hugo Prieto titulada “Éste es un gobierno militar a todo nivel”: “La cifra que recuerdo de las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional es 19 (aunque pudieran ser más). Si establecemos una comparación con el pasado, sin que por ello nos remontemos a la época de Guzmán Blanco o de Gómez o de la democracia, diría que en los 200 años de historia republicana, sólo se había anulado una ley, en su totalidad, me refiero a la Ley de Vagos y Maleantes, en 1998. Las demás nulidades correspondían a uno, dos o tres artículos de una determinada ley o norma.
Nunca se había derogado una ley completa, de punta a punta. Bueno, de enero del presente año a la fecha, van ocho leyes completamente anuladas. Es decir, en un año se han anulado más leyes que en 200 años. Pero hay un segundo tema. Desde el año 2004, año en que Chávez aumenta el número de magistrados del TSJ (vía Velásquez Alvaray), no se había anulado ninguna norma legal hasta enero de 2016. ¡Qué casualidad! Justo cuando se produce el aplastante triunfo del 6-D, se anula la ley del Banco Central que el propio Maduro promulgó en 2014, con comas y puntos. ¿Y para qué? Para quitarle a la Asamblea Nacional la potestad de nombrar a uno de los directores del instituto emisor.
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No hay ningún criterio jurídico. El TSJ cumple la función legislativa, bajo la vigilancia estrecha del Ejecutivo. Ahora aprueba, incluso, los estados de excepción. Y en eso tenemos un año cuando tenía que durar 60 días. Uno podría concluir que el derecho no tiene nada que decir en Venezuela. Pero tarde o temprano se hará una revisión de estas cosas”. Por añadidura nos afirma: “Un juez penal no puede anular la decisión administrativa que tomó el CNE. Pero cinco jueces de esa jurisdicción suspendieron el referendo, cosa que sólo puede hacer la Sala Constitucional o la Sala Electoral del TSJ. La medida la tomó un juez de control, ni siquiera es un juez de juicio. Un auténtico desaguisado”.
Y sobre los militares es contundente: Este es un gobierno militar. Me refiero a un tipo de gobierno militar que nunca había habido en Venezuela. No estoy hablando del gobierno de Pérez Jiménez o de Juan Vicente Gómez. En el gobierno de Nicolás Maduro toda la administración pública está en manos de militares activos y para muestra un botón: los ministros de alimentación han sido todos generales del Ejército. Yo me pregunto. ¿Qué tiene Venezuela en comparación con nuestros hermanos revolucionarios? Vamos a compararnos con el hermano Evo, con el líder Correa, con el glorioso líder sandinista Ortega. Veamos, la inflación en Bolivia, anualizada, no llega al 5%, aquí no sabemos si es diaria, el crecimiento del PIB en Bolivia es superior al 5%. Y en Nicaragua, donde la inflación también está bajo control, el crecimiento económico es de 7%. Esos son nuestros camaradas. ¿Cuál es la diferencia que hay con Bolivia, Ecuador y Nicaragua? Que aquí mandan los militares. Este es un gobierno militar a todo nivel. Hay magistrados militares. Aponte Aponte era militar y pasó lo que pasó, ¿no?
Aparte de colocarle a este gobierno una bombona de oxigeno, me parece una simple trampa cazabobos, entendemos que desde que existe la humanidad los hombres han dialogado, pero vean las condiciones donde el gobierno juega posición adelantada y si se realizara el referendo revocatorio previsto en el artículo 72 de nuestra Constitución, o rompe el hilo constitucional a través del TSJ, tribunales y el CNE, entonces el diálogo no es posible. Y no es posible cuando los mediadores ya han tomado partido de antemano, como es el caso de los tres ex presidentes que el gobierno buscó para que actuaran como tales.
Vale recordar; En la primera oportunidad (2002-2003), dicha tentativa fue motivada por el fugaz derrocamiento de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002 y contó con altos niveles de formalidad, cuando se estableció la llamada “Mesa de Negociación y Acuerdos” y fue conducida por César Gaviria, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Mesa contó también con el apoyo técnico del Centro Carter. Tras 7 meses de prenegociación y otros tantos de negociación, se llegó a un acuerdo de 19 puntos, siendo el más importante de ellos el consenso en torno al referéndum revocatorio como la herramienta idónea para solventar la conflictividad del momento.
Sin embargo, muchos de esos puntos no se cumplieron. La iniciativa del referéndum estuvo plagada de trabas impuestas por el gobierno, que logró demorar su convocatoria y realización durante más de un año —el acuerdo de la Mesa se firmó el 29 de mayo de 2003, mientras que el referéndum se realizó el 15 de agosto de 2004— y recuperarse políticamente antes de someterse a la consulta popular, será para ello es que necesitan la bombona.
Si en verdad que la presencia del representante del Vaticano le da respetabilidad y credibilidad al diálogo, garantizando que el gobierno participe de buena fe, acate lo establecido en la Constitución, libere a los presos políticos, permita el regreso de los exiliados, no continúe con la persecución política y busque soluciones reales a los ingentes problemas que confrontamos los venezolanos, pero por encima de todo, se comprometa a cumplir con los establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y respete la renovación e independencia de los poderes públicos. Y haya elecciones generales, la bombona esta bien conectada y ábranle la llave.
Amanecerá y veremos.
*escritor -jgglobo@gmail.com