La Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley sobre Calabozos Policiales, la cual contempla que se cumplan los lapsos de estadía establecidos por la ley procesal penal, establecer las garantías de rehabilitación de los procesados y formar a los policías para que cumplan de manera eficaz con su función.
Al respecto, el presidente de la AN, diputado Omar Barboza (Unidad/Zulia), señaló que la citada ley formará parte del banco de leyes que tiene la AN la cual será aplicada en su oportunidad cuando haya un cambio político en el país.
Asimismo, la presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento, diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda), dijo que es importante aprobación de esta ley que ha sido consultada con todas las organizaciones que trabajan con los derechos humanos y con los gremios que elaboran la materia.
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Recordó que recientemente se detectó un nuevo hecho de corrupción que tiene que ver con los calabozos policiales. Es el caso de la fuga de más de 250 reclusos de alta peligrosidad que se evadieron de un calabozo policial en el estado Aragua.
Agregó la parlamentaria que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, no se ha pronunciado sobre esa evasión.”Los calabozos policiales los usan como cárceles paralelas y como centros de corrupción”, afirmó.
Indicó que Eulice Farías, exdirector de Poliaragua, es el cómplice directo de dicha fuga. El está vinculado con la banda “El tren de Aragua”, según informaciones oficiales que han sido difundidas por los medios de comunicación.
Precisó que la AN se ha empeñado en la aprobación de esta ley y”siempre hemos estado trabajando por un país que merece que lo recuperemos, conscientes de que con proyectos que serán puestos en marcha una vez que recuperemos la democracia en Venezuela”.
Solórzano expresó que dicha norma resolverá un gravísimo problema y “estamos seguros que con esta ley se avanzará mucho en materia de seguridad ciudadana”.
Por su parte, la diputada Adriana Pichardo dijo que esta ley viene a subsanar daños fuertes que ha hecho este gobierno en materia penitenciaria como es la violación de los derechos humanos.
”Nos vimos en la necesidad de presentar un proyecto como éste debido al hacinamientos que viven los centros de reclusión llamados preventivos, es decir, comisarías policiales”, afirmó.
Recordó la masacre que se vivió en un centro de reclusión en el estado Carabobo donde fallecieron 76 venezolanos, igual ocurrió en Amazonas donde murieron 37 personas. ”Esos centros no fueron diseñados para permanecer por largo tiempo, sino por 48 horas y luego presentarlo ante un tribunal”, aseveró.
Señaló Pichardo que actualmente hay 300 mil personas en esa condición recluidas en comisarías y esto ha llevado a numerosos denuncias por casos de muerte, de desnutrición.
“Hay funcionarios que no están preparados para brindar el servicio y la custodia requerida”, precisó.
En este contexto, la parlamentaria Yajaira Forero señaló que los operadores de justicia juegan un papel importante en la materia de seguridad para combatir el problema de la inseguridad.
Señaló que desde que Iris Varela asumió el cargo de ministra en el año 2011 el problema penitenciario se ha empeorado. Ella prometió la construcción de 24 cárceles. “¿Dónde están?, además comenzó a cerrar cárceles y eso generó el hacinamiento de reclusos en centros de detención preventiva”, cuestionó Forero.
Varela –añadió Forero- emitió una circular donde prohíbe a los cuerpos policiales trasladar detenidos sin autorización del ministerio. Los detenidos se mantienen en cárceles preventivas violándoles el debido proceso y los derechos humanos.
Destacó que una de las consecuencias de los centros de reclusión es que muchos funcionarios policiales han perdido la vida cuando reclusos se han evadido de los calabozos.
De igual forma, el diputado Oscar Ronderos señaló que esta ley viene a atender una realidad producto de la creación de un régimen penitenciario paralelo que se está sosteniendo en todas las comisarías policiales del país.
“Se corrige la deformación que existe de la detención policial la cual debe ser de 48 horas y se ha venido manteniendo en el tiempo dándose el caso de que hay personas que han permanecido detenidas hasta cuatro años”, afirmó.
Agregó el legislador que la aplicación de esa modalidad de comandos policiales se presta para corrupción y para hacinamiento ya que no reúne las condiciones mínimas para tener reclusión.
Explicó que en muchos casos la policía deja de atender su situación natural, que es la persecución del delito, para dedicarse a custodiar reclusos en los comandos policiales.
Destacó Ronderos que en condiciones normales una ley como ésta no debería existir, pero la necesidad de corregir la señalada deformación de ese sistema paralelo nos obliga a aprobar dicha ley.
Indicó que se ha visto cómo se ha incrementado la detención de quienes opinan distinto al gobierno o no hacen lo que ellos quieren.
“Encontramos el caso de 34 gerentes de automercados detenidos por tener armarios vacíos producto de la escasez de alimentos que el propio gobierno ha generado. “Esa es la mejor demostración del mal uso del sistema penal”, puntualizó Ronderos. /Maritza Villarroel O /Foto: Wilmer Tovar/ Prensa AN