Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la seguridad hídrica consiste en la capacidad de las poblaciones para garantizar a nivel de cuenca, el acceso sostenible al agua en cantidades adecuadas y con la cantidad y calidad apropiadas para sostener la salud de las personas y de los ecosistemas e impulsar los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, así como asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante desastres hídricos.
Se ha establecido dentro de la agenda 2030 del desarrollo sostenible en el objetivo número 6, la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como metas relacionadas al control de la contaminación y tratamiento de aguas residuales, es decir, la eficiencia en el uso de agua, un reto que lleva a pensar que en Venezuela no pueden establecerse mecanismos aislados o improvisados para impulsar la seguridad hídrica.
En el año 2000 la sociedad internacional decidió establecer los objetivos de desarrollo del milenio, en la meta 10, se propusieron a reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento, a pesar de las buenas intenciones, se calcula que 844 millones de personas no tienen acceso a agua potable a nivel mundial y 222 millones se encuentras en América Latina y el Caribe.
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Más que hablar de infraestructura, tecnología, formación de profesionales, estudio y protección de cuencas, entre otros, todas las acciones deben ir orientadas y coordinadas de forma tal que puedan establecerse mecanismos para garantizar a los venezolanos medidas eficientes y eficaces que sean sostenibles en el tiempo, es decir, antes de pensar en soluciones puntuales debemos desarrollar estrategias exitosas.
El papel de los gobiernos es facilitar las inversiones de forma coordinada y establecer incentivos que dirijan la transformación estructural por un camino más deseable, por lo que la solución sólo puede consistir en garantizar la existencia de controles adecuados, donde todas las partes interesadas puedan crear mecanismos de equilibrio con quienes defienden el Status Quo ya sea por intereses personales o políticos.
Como primer paso, es importante establecer una visión de alto nivel de lo que desea lograr mediante la intervención de la política, esta visión resulta ser un poderoso mecanismo para lograr alinear a todas las partes y que de esta manera todo pueda funcionar mejor, que exista una comunicación más efectiva y a su vez debe ser inspiradora, pero sin crear falsas expectativas.
Posteriormente, se debe crear un balance en las políticas, en este punto resulta necesario realizar una profunda revisión del panorama político con un análisis de las leyes, reglamentos e instrumentos financieros existentes y así poder identificar a todos los actores como los ministerios, organismos gubernamentales, entre otros, que estarían comprometidos en ello.
El balance sin duda alguna permite priorizar las áreas donde sería más útil la intervención y hacia dónde las políticas tendrán mayor impacto e identificar las posibles lagunas de información que puedan obstaculizar el proceso en algún punto en específico.
Posteriormente ya será posible decidir los ámbitos de las políticas donde hay que centrarse en las siguientes categorías:
- Recursos naturales.
- Tecnología.
- Mano de obra.
Dentro de los instrumentos de las políticas, pueden definirse tres:
- Comandos y control.
- Basados en el mercado.
- Voluntarios e informativos.
Al haber tomado estas propuestas, deben ser sometidas a la gestión de riesgo, analizar junto a todos los actores los posibles impactos ambientales, económicos y sociales de cada una y promover medidas de mitigación de riesgos para cada caso.
Muchos autores toman como única la política al momento de hablar de seguridad hídrica, pero lo cierto es que existen nexos ya que el agua es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible, por ello, no puede ser una única política cuando son muchos los involucrados, entre ellos y el más importante para el desarrollo de cualquier país es el nexo agua-energía- alimentos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOV), ha desarrollado un modelo de acción en el que se busca lograr una mejor comprensión de la relación entre estos tres sectores y así lograr mejorar el manejo de los recursos naturales y de las actividades humanas, el agua es fundamental para la generación de energía (ya sea en el sector hidroeléctrico, sistemas de enfriamiento de centrales termoeléctricas, entre otras), a su vez, sin el agua sería imposible regar cultivos, así mismo, la energía es necesaria para los sistemas de bombeo de agua y sin energía no podemos procesar alimentos, igualmente existen alimentos que funcionan para la generación de energía (ejemplo el etanol).
Este análisis nos lleva a ver que a medida que aumente la población se requerirá más agua, más energía y más alimentos, por lo que, pensando en esto, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible 2030, se encuentran los objetivos 2 (seguridad alimentaria), 6 (seguridad hídrica) y 7 (seguridad energética).
La seguridad hídrica no sólo nos lleva al derecho al agua en calidad y cantidad adecuada, también nos lleva a la prevención de desastres hidrometereológicos, donde hemos sido afectados en Venezuela en los últimos meses, en un sistema en el cual debemos trabajar, donde las políticas deben centrarse tanto en la ecohidrología y pensar en actividades industriales que fomenten la resiliencia de los ecosistemas.
Por ello, el desarrollo e implementación de las políticas requieren una amplia capacitación y fortalecimiento de actividades a nivel nacional, ya que no es posible lograr tener éxito sin la participación de todos, desde el hogar, los productores del campo, industriales, comerciantes, estudiantes, deben trabajar de forma mancomunada en el uso adecuado del agua, desde los gobiernos municipales con el seguimiento y corrección de fugas de sistemas de distribución, el tratamiento de aguas residuales, la protección no sólo de las cuencas sino de los servicios ecosistémicos, plantas de tratamiento específicas para actividades capaces de degradar el ambiente cumpliendo con lo establecido en el decreto ambiental 883 Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos, entre muchas otras, pero todo esto debe ir coordinado, no pueden ser acciones aisladas, la improvisación no es una salida.
Llevar suministro de agua no puede ser la tarea final, debemos pensar en el desarrollo integral de los recursos para garantizar que las generaciones futuras también puedan tener acceso a ellos, a su vez, la protección de los ciudadanos ante eventos naturales, en conclusión, garantizar el derecho a la vida es tarea de todos, pero es tarea del gobierno coordinar estos esfuerzos hacia el bienestar de los venezolanos, no puede politizarse, no puede atender a beneficios personales, no puede ser algo transitorio para buscar victorias electorales, debe ser sin dudas una visión de estado que pueda ser sostenible a lo largo del tiempo.//Ing. Pedro Castro