El lunes se cumplieron dos años de la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó un decreto de estado de emergencia económica, con la supuesta intención de atender la difícil situación que atravesaba el país, garantizar el libre acceso a bienes y mitigar los efectos de la inflación y el alza del dólar paralelo.
Una vez transcurridos los 60 días de vigencia de la norma, la crisis económica empeoró y a pesar de eso el Ejecutivo decidió prorrogarlo. Desde entonces se han firmado 13 decretos de estado de excepción y emergencia económica, pero el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos continúa. El último se firmó este mismo mes y analistas consideran que tampoco tendrá resultados positivos.
Uno de los principales indicadores que muestra la ineficiencia de las normas es la inflación. En 2015, el año antes de que se aprobara el primer decreto, la inflación cerró en 180,9%, según el Banco Central de Venezuela, mientras que en 2017 la inflación alcanzó 2.616%, de acuerdo con la medición que realiza la Asamblea Nacional ante la ausencia de los datos del BCV.
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Alimentos y bebidas alcohólicas es uno de los rubros que más ha aumentado en los últimos años. Un cartón de 30 huevos, por ejemplo, costaba alrededor de 1.200 bolívares a comienzos de 2016, mientras que ahora se vende en 320.000 bolívares, en promedio; es decir, en los 2 años con decretos de emergencia los huevos han aumentado más de 260 veces.
En el caso de la carne ha habido incrementos similares en los últimos 2 años. El kilo de los cortes de primera se vendía en enero de 2016 en 1.600 bolívares y ahora se vende en 370.000 bolívares, en promedio.
Aunque el gobierno ha aumentado el salario mínimo en reiteradas ocasiones, no ha logrado preservar el poder de compra de los sueldos. En enero de 2016 el ingreso mínimo integral (salario más bono de alimentación) estaba en 16.398 bolívares, lo que permitía comprar 10 kilos de carne. Ahora que el ingreso mínimo integral subió a 797.510 bolívares solo se pueden comprar 2 kilos de carne.
Las personas tampoco han podido acceder libremente a alimentos y medicinas esenciales porque el índice de escasez ha seguido aumentando. En noviembre del año pasado, último dato disponible, el nivel de escasez se ubicó en 52,6%, de acuerdo con cifras de Econométrica.
Otras intenciones. La economista y profesora universitaria Sary Levy recordó que, a pesar de lo que dicen los decretos de emergencia, el objetivo del gobierno no era frenar la crisis económica sino tener mayor control político luego de que la oposición ganó la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional.
“Después de que la alternativa democrática ganó las elecciones de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo trató de impedir su funcionamiento con estos decretos. El interés específico era violar el rol de un poder constituido como la AN y romper con el principio de separación de poderes”, aseguró.
La economista Anabella Abadi, de ODH Grupo Consultor, coincidió en que las intenciones del gobierno eran otras. “Los decretos fueron lanzados para que el Ejecutivo tuviera plena libertad de aprobar los recursos adicionales que quisiera sin pasar por la Asamblea Nacional. Han sido cheques en blanco, unos tras otros”, sostuvo.
Hace dos años el Parlamento rechazó el decreto de emergencia, precisamente por considerar que se pretendía restarle competencias. Pero a pesar de no contar con el aval del Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró legal.
Además de aprobar una gran cantidad de recursos adicionales, en 2016, el gobierno se amparó en los decretos de emergencia para ajustar la unidad tributaria, aumentar la gasolina y decretar varios días libres por la crisis eléctrica que afectaba el país.
El gobierno también usó la norma para dejar sin efecto toda moción de censura o sanciones que aprobara el Legislativo contra funcionarios; estableció un límite en la cantidad de dinero que puede entrar y salir del país, y ordenó sacar de circulación el billete de 100 bolívares en 72 horas, medida que luego se revirtió.
Además, el año pasado se usó el decreto de emergencia para designar a Ramón Lobo como presidente del Banco Central de Venezuela.El más reciente decreto de emergencia establece que el Ejecutivo también podrá dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos, después de que se anunció la creación del petro, una especie de moneda que estará respaldada en las reservas petroleras y minerales del país.
La semana pasada el Parlamento declaró la nulidad del petro y denunció que su utilización es ilegal porque viola el artículo 12 de la Constitución que establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos de la República son inalienables.